On Feb. 15, three days after the creation of Bajo Paraguá – San Ignacio de Velasco Municipal Protected Area, the first hints of illegal activity began. Residents reported invasions and human settlements in the new protected area, claiming the colonizers were land traffickers.

“The people who want to get in here have never lived here. We were born here, raised here, and we are going to die here, and we have rights,” said a resident of Picaflor, one of the four Indigenous communities established in the protected area. The resident wished to remain anonymous for fear of reprisal.

The new Bajo Paraguá – San Ignacio de Velasco Municipal Protected Area, also known as the Bajo Paraguá Forest Reserve, is in José Miguel de Velasco province in Bolivia’s Santa Cruz department. The protected area was created on February 12, 2021, to protect 983,000 hectares (about 2,429,045 acres) of mostly primary tropical forest in the Chiquitania region. The Chiquitania region’s ecosystem was hit hard by forest fires in 2019 and 2020. Approximately 8 million hectares (19,768,430 acres) were destroyed in the fires.

Fuente: Mongabay Series: Forest Trackers

Las lluvias registradas los últimos días no llegaron a la Chiquitania y el último informe de la Gobernación cruceña da cuenta de que los incendios aumentaron de 13, que habían ayer, a 21 este miércoles. Ahora son siete los municipios en emergencias y las hectáreas afectadas suman 1.334.476 en todo Santa Cruz.

Alejandra Sandoval, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, comunicó que los municipios que están siendo afectados por el fuego son: San Ignacio de Velasco, San Matías, San José de Chiquitos, San Rafael, Puerto Suárez, Concepción y Charagua.

Sandoval agregó que esta jornada se registraron tres incendios aislados, lo que ha alarmado a la Gobernación debido a que en estas zonas solo habitan animales silvestres y no personas, por lo que se presume que pudieron haber sido provocados.

“Nuevamente la Gobernación, a través de un documento oficial exigió a la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra), que realice las acciones que correspondan para que fiscalice los lugares donde se registran los incendios para que puedan determinar sus orígenes, ya que llama la atención que hoy se reportaron tres emergencias en zonas aisladas que no están cerca del fuego”, explicó.

Fuente: Periódico El Deber.

De las tres reservas forestales que tiene Santa Cruz, Bajo Paraguá es la única ‘intacta’. Las de Guarayos y Choré están, literalmente, destrozadas.

Ni el doble candado legal, de reserva y área protegida municipal, ha logrado frenar un desmonte que se acerca a las 150 hectáreas, según reportes de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC). La deforestación siguió avanzando, incluso después de las citaciones a los responsables, de parte de la Autoridad de Fiscalización y control de Bosque y Tierra (ABT), de hace dos meses, y de las que se desconoce el estado en que se encuentran.

“Nos hemos cansado de solicitar a la ABT el estado de las citaciones a los colonos por desmonte ilegal y no les da la gana de responder. Queremos saber qué procesos tienen, así como nos multan a nosotros por traer una leña o hacer algo en las comunidades, porque entonces la ABT sí se desplaza a las comunidades para notificarnos y todavía lo publican, lo sacan en la radio”, dijo Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá.

A pesar de la falta de acción, ella asegura que sí o sí el desalojo se llevará a cabo. “Los vamos a frenar, no vamos a permitir esto, estamos trabajando con el alcalde de San Ignacio, la Gobernación de Santa Cruz y otros, pero la ABT es la única que no hizo algo por sancionar el daño ambiental”, apuntó.

Fuente: Periódico El Deber.

Son nueve los municipios que registran incendios. El fuego también está dentro de siete áreas protegidas.

El mes pasado no pasaban de ser dos los municipios afectados por el fuego, hoy son nueve. Dos estaban en las áreas protegidas con llamas dentro, hasta ayer se incrementaron a siete. En todo el mes de julio, la Gobernación de Santa Cruz reportó 6.202 focos de quema, y al 22 de agosto ya registraba 4.334, más que en todo el mes de junio, cuando se anotaron 3.700.

El 29 de julio, la secretaria departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Alejandra Sandoval, alertó sobre 52.000 hectáreas quemadas entre enero y julio de este 2021. Hasta ayer, el informe de la Gobernación arrojaba una cifra dramática que se acerca al medio millón de hectáreas: 402.691 ha.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT) emitió una resolución que suspendía las autorizaciones de quemas. Estaban prohibidas a partir del 1 de agosto de este año; sin embargo, en este periodo es cuando se multiplicaron, al menos en el departamento cruceño, los focos de quema y las superficies dañadas por el fuego. Solo el 19 de agosto el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) de la Gobernación informó sobre más de 400 focos de quema, la mayor cantidad en lo que va del mes. Ayer, solo por la mañana, se anotaron 80.

La ABT informó sobre cerca de medio centenar de procesos administrativos y cuatro penales a los autores; sin embargo, las notificaciones no son proporcionales a las quemas, ya que están completamente desautorizadas.

Fuente: Periódico El Deber.

«Aprovechan el fuego para avasallarnos, utilizando a los interculturales con un fin político. No les importa la vida ni la naturaleza, solo usan el fuego para incrementar su presencia política en nuestro territorio. A esa gente le prometen mejor vida y tierra si votan por ellos, solo se trata de un plan», denunció María René Álvarez, diputada por Creemos.

Manifestó que luego de contactarse con autoridades indígenas, ha recibido denuncias de que eso está pasando ahora mismo en Roboré, en San Ignacio de Velasco, y que hace un par de días sucedió también en San Miguel, pero los chiquitanos desalojaron a los colonos, que estaban en pleno chaqueo, a pesar de las prohibiciones.

Según la diputada, desde la zona de Campamento, en San Ignacio, le informaron que llegaron camiones llenos de personas a lo que antes era la propiedad Veracruz. Uno de los caciques de Campamento informó que después de una reunión mandaron a una comisión a verificar estas denuncias, y que el INRA entrará a San Ignacio este martes 24 de agosto.

«El Gobierno nacional hace fiesta con nuestra desgracia», lamentaron los cívicos de Roboré, que tras una denuncia sobre asentamiento en el Valle de Tucabaca, se dirigieron al lugar y encontraron un campamento al lado izquierdo del camino Santiago de Chiquitos- Santo Corazón.

Fuente: Periódico El Deber.